El juez Jorge Gorini notificó este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá cumplir en su domicilio la condena impuesta en el marco de la causa Vialidad, un fallo fuertemente cuestionado por amplios sectores del ámbito jurídico y político, que ven en la sentencia una avanzada del “partido judicial” contra la figura más relevante del peronismo contemporáneo.

La residencia fijada es su departamento del barrio porteño de Constitución, en San José y Humberto Primo. Sin embargo, más allá de la modalidad domiciliaria, el tribunal impuso condiciones particularmente rigurosas, como la utilización obligatoria de una tobillera electrónica, a pesar de que Cristina cuenta con custodia permanente como expresidenta, algo que vuelve innecesaria –y simbólicamente agresiva– esta medida.

Además, deberá presentar una lista detallada con los nombres de familiares, médicos, abogados y personal de seguridad que podrán ingresar a su hogar. Toda persona ajena a esa nómina requerirá autorización judicial para visitarla, una medida que restringe aún más su vida privada y que no tiene precedentes en otros casos similares.

El tribunal advirtió que la exmandataria no podrá abandonar su domicilio, salvo razones de fuerza mayor debidamente justificadas, y añadió insólitamente que deberá “abstenerse de perturbar la tranquilidad del vecindario”, una cláusula cuya ambigüedad parece más una provocación que una norma judicial estándar.

Más temprano, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola –los mismos que encabezaron la acusación sin pruebas directas en la causa Vialidad– habían rechazado la posibilidad de prisión domiciliaria, a pesar de la edad de Cristina (72 años) y de su rol institucional. Alegaron que no existen problemas de salud que lo justifiquen, y pidieron su traslado a una cárcel común, ignorando tanto su investidura como el riesgo institucional y político que implica semejante atropello.

La decisión de permitirle cumplir la condena en su domicilio parece, en este contexto, una concesión mínima en medio de un proceso que, para muchos, constituye una clara muestra de persecución política. La imposición de medidas extraordinarias como la tobillera y la vigilancia de visitas refuerzan esa percepción.

En definitiva, Cristina Kirchner afrontará su condena con dignidad, rodeada de sus afectos, pero bajo una vigilancia que muchos consideran más simbólica que legal, en una causa que sigue despertando serias dudas sobre su legitimidad jurídica.