Desde el 23 de marzo de 2025, el gobierno de Javier Milei decidió dejar caer la moratoria previsional, una herramienta que por casi dos décadas permitió que millones de argentinos accedieran a una jubilación tras una vida de trabajo, muchas veces no registrado. Con esta decisión, quienes no hayan acumulado los 30 años de aportes exigidos —la mayoría— quedan automáticamente excluidos del sistema.

Los números son alarmantes: de las más de 403.000 personas que cumplen con la edad jubilatoria este año, 242.000 no podrán jubilarse. El 60% de los adultos mayores que deberían acceder al derecho previsional fueron directamente descartados por el nuevo régimen. En el caso de las mujeres, la situación es aún peor: siete de cada diez quedaron afuera.

La causa de esta exclusión no es nueva ni desconocida. Décadas de precarización y empleo informal, que no fue elegido por los trabajadores sino impuesto por patrones evasores y Estados ausentes, hicieron imposible que millones pudieran aportar con regularidad. Aun así, hasta ahora existían mecanismos de compensación y justicia previsional. Milei los eliminó de un plumazo.

La caída de la moratoria dejó un vacío inmediato. En 2024, el 75% de las jubilaciones otorgadas por ANSES fueron a través de regímenes de regularización. Es decir, la gran mayoría no había llegado a los 30 años de aportes y necesitó la moratoria para jubilarse. Desde su creación en 2005, este sistema permitió que más de 3,8 millones de personas accedieran a una jubilación digna.

Ahora, quienes no cumplen con los requisitos formales son derivados automáticamente a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), un programa de emergencia que paga apenas el 80% del haber mínimo, sin derecho a pensión por fallecimiento ni posibilidad de mejora. Hoy, con un bono incluido, el monto llega a $313.779, muy lejos del costo real de vida para cualquier jubilado.

La única alternativa que dejó el gobierno es una vieja ley, la 24.476, que permite regularizar aportes anteriores a 1993. Pero es una opción limitada, que exige haber trabajado formalmente durante al menos la mitad de la vida laboral, algo que gran parte de los adultos mayores no pudo cumplir por la falta de empleo registrado.

Pese al drama social que generó esta medida, Milei se mantiene firme en su cruzada de ajuste. Cuando la oposición logró aprobar en Diputados una ley para reactivar la moratoria previsional, el presidente respondió con desprecio desde sus redes sociales:

“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO.”

La frase lo dice todo: para el gobierno, el déficit cero está por encima de la dignidad de los jubilados. Con la eliminación de la moratoria, el Estado se desentiende de una deuda histórica con quienes trabajaron toda su vida y ahora enfrentan la vejez sin ingresos ni derechos. El ajuste no es abstracto: tiene nombre, rostro y edad.